Sanidad estudia dar un año para aplicar la Ley Antitabaco en bares

El Ministerio no rechazaría un retraso en la entrada en vigor de la norma

Aunque quiere dar prioridad al proyecto, Jiménez no descarta conceder alguna medida de gracia a la hostelería.

El aluvión de críticas que han formulado durante los últimos meses los hosteleros, los productores de tabaco, varias comunidades autónomas y hasta la patronal CEOE parecen haber hecho mella en el Ministerio de Sanidad. Según ha podido saber LA RAZÓN, el departamento que dirige Trinidad Jiménez no descarta conceder algún tipo de medida de gracia a los empresarios en la reforma de la Ley Antitabaco que prepara, norma a la que la ministra ha dado de nuevo prioridad de forma interna tras congelar su redacción el pasado mes de febrero ante la lluvia de protestas que se cernía sobre el Gobierno en aquel momento.

El texto, que tal y como adelantó este periódico adoptará la forma de una proposición de ley para, entre otras razones, sortear los dictámenes del Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES), y el debate previo del Consejo Interterritorial de Salud, llegará casi con total seguridad al Congreso de los Diputados en el mes de junio, al final del preceptivo periodo de sesiones preveraniego.

La tramitación, en otoño
Según fuentes gubernamentales, será posiblemente durante la tramitación parlamentaria, tras las vacaciones estivales, cuando el PSOE impulsará directamente, o pactará con el resto de los grupos o alguno de sus socios, con el visto bueno de Sanidad, algún tipo de moratoria para la plena entrada en vigor de la norma, una vez que ésta sea aprobada.

Frente a las pretensiones de parte de la industria tabaquera y de los hosteleros, que han solicitado por distintas vías a Sanidad la aplicación de un periodo de gracia de cinco años, las autoridades sanitarias contemplan ahora la posibilidad de que la exención para la absoluta efectividad de la norma en lo que afecta a estos colectivos sea únicamente de un año. Ése sería el tope máximo. Fuentes oficiales del departamento que dirige Jiménez aseguraron a este periódico que «en estos momentos no hay previsto aplicar una moratoria», aunque precisaron que «habrá que ver cómo evoluciona el trámite parlamentario», en alusión a los más que previsibles cambios que va a operar el texto inicial durante las negociaciones de los partidos del arco parlamentario.

El apoyo de los grupos políticos a un texto tan polémico es uno de los grandes objetivos de Jiménez, quien no quiere que le ocurra durante su mandato en Sanidad lo mismo que a Elena Salgado en su etapa como ministra de Sanidad con la también polémica ley del alcohol. El propio Gobierno tumbó aquella norma antes de que se aprobara, ante el aluvión de críticas. La última queja que le ha llegado a la ministra actual procede de la CEOE, que, preocupada por la incidencia en las empresas de la subida del IVA, decidió enviar una carta a Jiménez en marzo, en la que respaldaba las quejas de la Federación Española de Hostelería, mostrando su «inquietud» por la reforma legal.