Los agricultores colombianos forzados a cultivar coca por un vacío legal

Los campesinos colombianos que quieren abandonar el cultivo de la coca no lo tienen nada fácil. Las dificultades para obtener el título de propiedad de las tierras que han labrado incluso durante varias generaciones les impiden pedir los créditos necesarios para comprar maquinaria, fertilizantes y todo tipo de material necesario para cambiar su cultivo y seguir obteniendo beneficios.

El pueblo de campesinos La Macarena una vez estuvo bajo el control de los narcotraficantes rebeldes. Ahora su alcalde Eliecer Vargas quiere asfaltar caminos, instalar agua potable y construir parques. Desea convencer a la población de que el gobierno les apoya.

Sin embargo, en la zona prácticamente nadie posee un título de propiedad. Por esta razón, no pagan impuestos, y el ayuntamiento está al borde de la quiebra: Deberíamos recaudar unos 200 millones de pesos (unos 100.000 dólares) anuales, pero no hay forma de cobrarlos, explica Vargas.

Dejar el cultivo de la coca es casi misión imposible

En estas planicies del sur de Colombia, la coca -la materia prima de la cocaína- ha sido durante muchos años el cultivo más importante. La falta de títulos de propiedad es más que una preocupación tributaria: es un asunto de seguridad nacional. Y es que la economía agrícola colombiana funciona a través del crédito.

Los agricultores de coca, que intentan pasar de la droga a cultivos legales, no tienen dinero para comprar semillas, fertilizantes o maquinaria. Como no tienen títulos de propiedad tampoco pueden obtener créditos con los bancos. Muchos campesinos han explotado durante décadas estas tierras, pero tienen el estatus legal de okupas.

El limbo jurídico facilita las cosas para los narcotraficantes -siempre están dispuestos a prestar dinero- que intentan convencerlos de volver a sembrar coca. Las guerrillas también se benefician, porque encuentran en los hijos a posibles reclutas para la guerra.

La gente aquí está en un estado de transición y sólo ahora comienza a tener confianza en el aparato estatal, afirma Eunice Ramírez, abogada del Estado sobre derechos humanos en La Macarena. Este poblado fue formalmente entregado a las guerrillas durante las negociaciones de paz que finalmente fracasaron en el 2002. Pero los bandidos aún tienen mucha influencia, añade Ramírez.

La burocracia gubernamental tampoco ayuda

Para crear un negocio, dar de alta a un empleado en la seguridad social o simplemente comprar un coche, es inevitable pasar por una enorme pesadilla de más de 50 trámites; una realidad no sólo en Colombia, sino también en el resto de América Latina.

El economista peruano Hernando de Soto explica que un sistema adecuado de derechos de propiedad fue lo que ayudó a EEUU y a otros países occidentales a convertirse en prósperas sociedades capitalistas. En los países en desarrollo, en cambio, las masas de pobres tienen miles de millones de dólares en activo, pero no pueden mover esa riqueza no reconocida oficialmente: El sistema jurídico existente en el tercer mundo conspira contra ellos mismos, explica De Soto en un reciente documental del canal de televisión pública PBS.

Los títulos no sólo aumentan el valor de la propiedad, sino que también formalizan el contrato social entre el estado y los ciudadanos, algo importante en áreas como La Macarena, donde las guerrillas y los narcotraficantes han tenido el poder durante mucho tiempo.

Iniciativas de mejora

Durante los dos últimos años, La Macarena y las aldeas cercanas han participado en un "plan de consolidación", un proyecto que ha reunido al ejército, las fuerzas antinarcóticos y las agencias de ayuda para expulsar a los rebeldes, debilitar el comercio de la cocaína y apoyar la economía legal.

Álvaro Balcázar, director del programa, teme que las patrullas de seguridad, las escuelas nuevas y los programas de sustitución de cultivos sean insuficientes si no se incorporan al sistema legal los campesinos locales. Los títulos de propiedad van a marcar la diferencia en el sentido de si podemos o no consolidar la seguridad y el poder de la ley, afirma.

Los campesinos no pueden progresar por falta de un título oficial de propiedad

Sin embargo, Balcázar admite que durante los dos últimos años no ha visto ningún caso en el que un pequeño propietario haya recibido el título que le confiera la propiedad de sus tierras. A pesar de que los campesinos disponen de papeles informales que acreditan en cierto modo sus propiedades, estos documentos no tienen ninguna validez cuando quieren solicitar un crédito.

Los agricultores no son los únicos que están frustrados con la situación. Pese a sus vínculos políticos, Vargas, el propio alcalde, no ha podido conseguir el título de su rancho de 250 acres, heredado de su padre. He luchado durante 15 años y aún no cumplo mi sueño, explica Vargas, sentado en su sobria oficina cerca de la plaza principal de la localidad.

Los proyectos para construir consultorios de salud y caminos para instalar antenas de telefonía móvil a menudo no se materializan por la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra. Es un círculo vicioso en el cual la falta de títulos de propiedad obstaculiza el desarrollo, declara Balcázar.

Incluso el ejército colombiano se ha enfrentado a los residentes de La Macarena debido a la construcción de una base militar en las afueras del pueblo, sobre un terreno en disputa.

Guillermo Giraldo cultiva mangos, guayabas y aguacates en un área de nueve acres, al lado de la base. Es el ejemplo ideal de pequeño agricultor que cumple las leyes y al que el gobierno colombiano prestaría su ayuda. Pero sin un título de propiedad, Giraldo no tiene posibilidades de pedir un préstamo a los bancos para mejorar sus instalaciones. Hoy, tras cinco años de lucha, Giraldo enseña la maleza que ocupa parte del terreno y reconoce que está pensando en vender.