El PP apoya por fin la prohibición total de fumar en lugares públicos

• La exministra Ana Pastor pide que la nueva ley pague el tratamiento antitabaco

El apoyo político a la reforma de la ley antitabaco que prepara el Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en todos los espacios públicos es casi total. Los portavoces de CiU, PNV, ERC e IU-ICV han mostrado su apoyo a la titular del departamento, Trinidad Jiménez, en la ronda de conversaciones que la ministra mantiene con los sectores afectados. El objetivo es que el texto esté listo en noviembre y la norma en vigor el primer trimestre del 2010.

También el PP es favorable a la reforma, aunque con dos condiciones, según Ana Pastor, responsable de políticas sociales: que cuente con el consenso y aval del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se incluyan en él los tratamientos (siempre bajo prescripción médica) a quienes deseen dejar de fumar.

«La gente no puede seguir recibiendo el humo de forma pasiva, pero la futura ley debe venir con el respaldo unánime de los consejeros de todas las comunidades autónomas. Hay que trabajar para que la gente no fume y no permitir la venta de tabaco donde no se fuma», manifiesta Pastor. La exministra de Sanidad apunta que en la falta de consenso de las autonomías ha radicado el incumplimiento de la ley actual.

NI EN BARAJAS / Los responsables de salud pública del ministerio trabajan en un proyecto que «sin
excepciones ni moratorias» sacará de una vez por todas el tabaco de bares, restaurantes, locales de
ocio y espacios públicos. Toman como base una reciente reunión de la comisión de salud pública, en la
que están representadas todas las comunidades autónomas y en la que todos los técnicos estuvieron de
acuerdo.

La norma prevé acabar con las llamadas «zonas de fumadores» o quioscos acristalados en el interior de los aeropuertos de Barajas y Málaga, únicos de España, donde todavía se puede encender un pitillo. La venta de tabaco en los bares de manera temporal, no más allá de dos años, sería la única concesión, todavía en estudio, según la Unión de Profesionales y Trabajadores (Autónomos UPTA), que hace unos días pasó por el despacho de Jiménez.

HOSTELEROS DIVIDIDOS / Sebastián Reyna, secretario general de esta entidad, próxima a UGT, asegura que la venta de cigarrillos sopone unos ingresos medios de 400 euros para los bares de menos de 100 metros cuadrados. «Desde el punto de vista de la salud pública –dice Reyna– no tenemos nada que decir. Además la Unión Europea ha fijado el 2011 como máximo para homologar estas leyes. Pero pedimos que se retrase su entrada en vigor para que los dueños de los bares se adapten mentalmente, se vayan haciendo a la idea».

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), mayoritaria en el sector, se muestra claramente en contra de la reforma y demanda una moratoria de al menos cinco años. «No es el momento. La facturación en hostelería ha caído un 30%. Su aplicación provocaría destrucción de empleo, sería la ruina. Los no fumadores tienen locales donde ir», defiende su presidente, Lorenzo Amor.

El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) apoya sin reservas el proyecto. Su portavoz, Rodrigo Córdoba, comparte las matizaciones del PP, pero sospecha que la condición de que los tratamientos se incluyan dentro de las prestaciones del SNS puede ser un escollo para que salga adelante el proyecto. Ni el Gobierno ni las autonomías parecen dispuestos a hacer este desembolso, a pesar de que en la última reunción de la comisión nacional todas las comunidades estaban de acuerdo.