domingo, 15 de agosto de 2010

EL GOBIERNO PLANEARÁ FACILIDADES FISCALES PARA LAS OBRAS ANTITABACO

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha declarado la guerra al humo. La próxima reforma de la ley antitabaco prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados. Una propuesta saludable que no ha sentado nada bien en el sector de los servicios.

La norma actual – impulsada por la vicepresidenta Elena Salgado en 2006 – impone a los establecimientos con más de 100 metros aislar los espacios de fumadores o vetar la entrada al local de los fumadores.La mayor parte de los restaurantes, bares y hoteles optó por reformar sus locales para no perder clientela.

Estas obras y su correspondiente impacto en los establecimientos pueden caer en saco roto con la nueva ley. “Estamos buscando algún tipo de beneficio fiscal antes de que salga la norma para todos aquellos empresarios que invirtieron para acomodar los locales a la actual norma”, aseguran a este diario fuentes del Ejecutivo cercanas a la negociación.

La idea es fijar un periodo de amortización fiscal de las inversiones más flexible o algún tipo de bonificación para todos los empresarios que acrediten (“con un certificado o con la factura”, señalan las mismas fuentes) las obras contra el humo.

La medida no soluciona la principal queja de las patronales del sector. El 70% de la clientela de bares y restaurantes son fumadores y la prohibición total del humo en los locales podría provocar una reducción de la facturación del 12%, alegan. Sin embargo, pretende “reconocer” el esfuerzo que muchos han realizado para acomodarse a los cambios legales.

Más frentes
La industria del tabaco es un suculento negocio y no sólo para el sector privado. El Estado recauda al año más de 7.000 millones de euros por el Impuesto Especial de Labores del Tabaco. Entre enero y mayo de 2010, los ingresos de este tributo crecieron un 5,7por ciento interanual, según datos del Ministerio de Hacienda.

Los departamentos económicos del Gobierno son conscientes de que, pese a que la salud es lo primero, hay que seguir vendiendo tabaco por su relevancia para las arcas públicas. Sobre todo, en un momento crítico para el déficit presupuestario.

Por eso, han presentado a Sanidad la propuesta de permitir vender tabaco en las tiendas de conveniencia, aquellas que abren más de 12 horas al día. “Sanidad es reticente a ampliar los canales de venta, pero en diciembre ya se hizo con los quioscos. Habría que buscar una fórmula segura para expender el tabaco en estos establecimientos”, explican fuentes cercanas a la negociación.

La decisión final dependerá de Jiménez que, de momento, se ha mantenido firme en su propósito de prohibir radicalmente el humo en los espacios públicos cerrados, pese a las críticas de los empresarios.

Quejas de CEOE
La patronal CEOE ya remitió a la ministra una misiva para mostrar su “inquietud y preocupación por los cambios legales” –ver EXPANSIÓN del 6 de abril–. El secretario general de CEOE y autor de la carta, José María Lacasa, reiteraba a Jiménez que su política contra el tabaco está adoptando una “orientación muy restrictiva que incidirá con grave impacto en sectores tan relevantes como el turismo, la hostelería y el ocio”. Por eso, a ojos de la patronal es “inoportuno” plantear un cambio como este en plena crisis económica.

El Ministerio de Sanidad acaba de declarar otra guerra a la industria de la alimentación, tras obligar a retirar de todos los colegios públicos las maquinas expendedoras de bollería y refrescos.

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