La falta de consenso demora el veto a fumar en los locales públicos

El Ministerio de Sanidad admitió ayer que la anunciada reforma de la ley del tabaco –cuya negociación parlamentaria había sido fijada para este mes por deseo de la ministra, Trinidad Jiménez– puede demorarse al segundo semestre del año por falta de consenso político. El ministerio insiste en que la nueva norma estará lista a lo largo del 2010. «Este era y sigue siendo el compromiso. No hay marcha atrás ni se ha renunciado a aprobarla este año», aseguró una portavoz.


Otras fuentes apuntaron que la «intensa agenda» de este semestre puede obligar a retrasar al menos hasta junio el endurecimiento de la ley, que equipararía a España con países como el Reino Unido, Francia, Italia y Holanda, donde está prohibido fumar en todos los bares y restaurantes.

La falta de consenso político, especialmente por las reticencias del PP, pesa mucho en la demora. Los conservadores exigen que el texto se tramite como proyecto de ley –lo que alargaría los plazos, al tener que someterlo al Consejo de Ministros y al Consejo de Estado–, que se incluya la financiación de los tratamientos para dejar de fumar y que se llegue a un acuerdo con los hosteleros. «Será un problema sacar la ley sin su respaldo», vaticinó Mario Mingo, portavoz del PP, que recordó que su partido rechaza la adopción de «medidas coercitivas».

Pilar Grande, portavoz del grupo socialista, aseguró que el Gobierno persigue «un punto de encuentro» con todos los partidos. Conxita Tarruella, de CiU, explicó que, de momento, solo cuentan con un dosier de intenciones y que el Ejecutivo no les ha trasladado propuestas en firme.

DISGUSTO POR EL RETRASO Gaspar Llamazares (IU), presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, atribuyó el retraso a que la ministra quiere que la ley se apruebe por unanimidad, y no puede porque tiene enfrente al PP. «No debe esperar ni admitir el veto de un partido. Debe presentarla», dijo Llamazares.
La presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, María Ángeles Planchuelo, expresó su disgusto por la posibilidad de que la reforma legal se retrase. «Es una medida de salud pública para atajar la primera causa de enfermedad y muerte en nuestro país que no admite demora», lamentó la experta.