lunes, 15 de marzo de 2010

El Senado aprueba la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual

Las cadenas privadas en abierto deberán facilitar su señal a las plataformas que emiten tanto por cable como por satélite, pero tras una previa negociación, mientras que las públicas, estatal y autonómicas, lo harán sin contraprestación económica alguna.

Esta es una de las modificaciones que ha sufrido hoy el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual en su trámite en el Pleno del Senado, después de que el grupo socialista pactara con otros grupos parlamentarios un total de 11 enmiendas transaccionales.

En el artículo 31.3 del proyecto de ley se recogía que todas las cadenas, públicas y privadas, deberían ceder su señal al satélite y al cable, "con el objeto de garantizar el mantenimiento del pluralismo audiovisual", sin contraprestación económica entre las partes, que es lo que ha sido modificado.

Otra enmienda transaccional pactada por el PSOE con el grupo de IU-Els Verds, recoge la garantía de la producción propia en los canales públicos y el mantenimiento y conservación de un archivo de imágenes, tanto en las cadenas públicas como privadas.

Pedro Agramunt, senador del grupo popular, ha anunciado que aunque su grupo está en desacuerdo con el contenido de la ley, sí esta a favor de la existencia de una ley Audiovisual, por lo que se ha abstenido en casi todas las votaciones.

El portavoz popular ha insistido en su rechazo a la creación de un Consejo de lo Audiovisual, que significa más gastos presupuestarios, y que sus funciones las asuma la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y ha criticado que este Consejo tenga la capacidad de retirar licencias ante hechos graves, "cuando eso tienen que juzgarlo los tribunales".

La portavoz socialista, Ruth Porta, ha respondido que aunque el órgano de control de las televisiones fuese asumido por la CMT, los gastos serían los mismos porque habría que nombrar las personas que lo compondrían.

Recordó que esta ley es un compromiso adquirido por diferentes gobiernos, pero que nunca, hasta ahora, había conseguido ver la luz, y lo ha hecho con el consenso del sector, que buscaba seguridad jurídica. "Se ha hecho un gran esfuerzo y sin este consenso básico la ley nunca hubiese sido posible".

Una de las enmiendas rechazadas, que había sido presentada por CiU, diferenciaba, a la hora de su inserción en spots publicitarios, entre bebidas alcohólicas fermentadas (vino o cava) y las destiladas, de forma que las primeras no se vieran afectadas por la prohibición.

La enmienda hubiese prosperado, a pesar de la oposición del grupo socialista, porque hubiese conseguido el voto del PP y otros grupos, pero el portavoz de CiU, Jordi Casas, "en aras del consenso al que hemos llegado con el PSOE y por elegancia parlamentaria", ha decidido retirarla.

El texto enmendado y aprobado este miércoles volverá el próximo día 18 al Congreso de los Diputados y, según declaró hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, podría ser publicada en el BOE antes de finales de marzo.


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