Colectivos sanitarios presionan para que no se retrase la ley antitabaco

Achacan a intereses «políticos y económicos» que Sanidad no prohíba ya fumar en bares y restaurantes

Los profesionales sanitarios denunciaron ayer que «intereses políticos y económicos» están detrás del retraso de la reforma de la ley antitabaco que prohibirá fumar en todos los espacios públicos, incluidos bares, restaurantes y resto de locales de ocio.

La Organización Médica Colegial, los colegios oficiales de psicólogos, odontólogos, psicólogos, enfermeros y farmacéuticos, junto con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que pidieron a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que «acelere» el endurecimiento de esta ley, priorizando las razones sanitarias sobre las políticas y económicas.

La titular de Sanidad se había comprometido a aprobar la nueva normativa en el primer semestre de este año, durante la presidencia europea española -que termina el 30 de junio-. Pero la semana pasada anunció el abandono de esta pretensión y retrasó la puesta en vigor de la ley para después del próximo verano.

Según afirmó el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, un retraso de un mes en aprobar las nuevas medidas supondrá un mayor número de muertes, teniendo en cuenta que cada día fallecen en este país 142 fumadores, y seis más víctimas del tabaquismo pasivo.

Responsabilidad de todos

Sendín apeló a la responsabilidad social de todos los dirigentes, no solo políticos, para que antepongan el derecho a la salud de todos los ciudadanos a cualquier otro interés. «Anteponer otro tipos de cuestiones, como las supuestas pérdidas que predicen los hoteleros, que además está demostrado que no son ciertas, a la salud de los españoles solo puede denominarse corrupción», afirmó el presidente de la OMC.

Además, añadió que si fueran verdad los temores del sector, cabría preguntarse si es «lícito poner precio a las muertes de este año» o plantearse «cuánta gente tiene que morir» para que se opte por apreciar más los beneficios de los bares y restaurantes que la salud pública.

La presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, María Ángeles Planchuelo, criticó que aún no se haya dado a conocer el texto de la futura ley, y exigió que se haga lo antes posible, para que los profesionales sanitarios puedan valorarlo y realizar aportaciones a las posibles lagunas.

Planchuelo también explicó que la nueva normativa librará del humo del tabaco a aproximadamente 800.000 trabajadores de la hostelería, «que hoy no tienen derecho a elegir». Y añadió que la actual ley ya ha evitado 1.500 muertes en este país, y que si se aprueba la prohibición total de fumar en los lugares públicos, el tabaquismo descenderá al menos un 10% y, de forma indirecta, hasta un 8% en los hogares.

Por su parte, Carmen Peña, del Colegio de Farmacéuticos, recordó que el 30% de las muertes por tabaquismo pasivo corresponden a menores de edad.