La Xunta impulsa la ley que vetará la presencia de menores en botellones

Regulará los controles de alcoholemia a los jóvenes, y prevé multas de hasta 600.000 euros y el cierre de locales

Prohibirá la venta y consumo de alcohol antes de los 18 años, y deja a los concellos la vigilancia de esas reuniones

El Gobierno de Feijoo elevó ayer al Parlamento el proyecto legislativo con el que pretende seguir a otras comunidades autónomas y países europeos que llevan ventaja en la adopción de medidas para reducir la edad de inicio en el consumo de alcohol. El texto que prohibirá la participación de menores de 18 años en el botellón, y que vetará la venta y consumo de alcohol a jóvenes que no hayan alcanzado la mayoría de edad, iniciará en septiembre el proceso de tramitación en la Cámara para que, desde principios del 2011, los concellos queden obligados por ley a controlar las edades de los jóvenes que asisten a esas concentraciones.

La Xunta impulsa la ley con vocación de trasladar un «mensaxe social» y corresponsabilizar a las familias y a las diferentes Administraciones de un problema que, según advirtió Feijoo, excede las competencias de su Gobierno y que alcanza, también en Galicia, indicadores alarmantes. En el último decenio, las intoxicaciones etílicas atendidas por los servicios de emergencias han aumentado un 70%. Un análisis realizado por Sanidade sobre 800 casos tratados anualmente reveló que más del 25% de los jóvenes implicados no habían cumplido los 14 años, que es la edad media de inicio en el consumo del alcohol en Galicia. Y la tendencia apunta a una precocidad cada vez mayor. Además, el 98% de los jóvenes que ingieren bebidas alcohólicas de forma abusiva lo hacen durante el fin de semana. Para la mayoría, el botellón es el punto de encuentro con un hábito social que puede convertir a jóvenes sanos en adultos alcohólicos.

El Gobierno gallego sintetiza buena parte de la lucha contra esa realidad y sus amenazas en la práctica del botellón, que «pasou de ser un fenómeno social a un problema social, como fonte de conflitos de orde diversa». Como Sanidade anticipó en septiembre pasado, la ley dejará en manos de los concellos el control del botellón, y la respuesta a las quejas de los vecinos afectados. Las policías locales tendrán la potestad de hacer pruebas de alcoholemia a menores en espacios públicos, mientras que funcionarios de la Xunta ejercerán esa competencia en recintos educativos. La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, aseguró que la Fegamp ha participado en la elaboración del proyecto.

Ni hora feliz ni dos por una

Pero las exigencias también aumentan para comercios expendedores de bebidas alcohólicas y locales de ocio. La futura ley impedirá la entrada de menores a discotecas o salas de fiestas, excepto en sesiones sin servicio de alcohol. Además de vetar la venta a menores, la ley restringirá también la publicidad y prohibirá expresamente estrategias comerciales como la hora feliz (la happy hour importada del Reino Unido y que habilita la barra libre) y la oferta de dos consumiciones por el precio de una. La Xunta sigue ahí el modelo legislativo de Cataluña.

Para asegurar su cumplimiento, la norma habilita sanciones que, en función de la irregularidad, oscilarán entre 601 y 601.012 euros. Además, la Xunta, que invertirá lo recaudado con las multas en programas de prevención, podrá cerrar el local implicado por un máximo de cinco años.