sábado, 24 de julio de 2010

La guerra de la marihuana bate records

Desde diciembre de 2006, cuando comenzó el sexenio del presidente mexicano, Felipe Calderón, se han producido en torno a 23.000 muertes a causa de la guerra contra el narcotráfico, y este año esa cifra podría superar las 10.000 víctimas mortales. Solo en los primeros cuatro meses de 2010 fueron asesinadas 3.516 personas, según el Ejecutómetro que mantiene Reforma, un diario de México DF.

No está claro cuántos murieron en 2009 por la violencia: Reforma dice que 6.587, pero el Gobierno, según un documento filtrado a la prensa, sitúa el total en 8.928. En 2008 fueron 5.027 muertes, y en 2007, 2.275. Aunque la mayoría de los fallecimientos son producto de los ajustes de cuentas entre miembros de las bandas, que luchan encarnizadamente por el control de los territorios que atraviesan las rutas de la droga, solo hasta abril de este año murieron 199 policías y 24 militares, frente a los 137 policías y 42 militares de todo el año pasado.

Como resultado de esa sangría que no cesa, la confianza de los mexicanos en una "solución militar" al conflicto está cayendo a un ritmo acelerado. En una encuesta publicada el 14 de abril, el número de partidarios del uso del Ejército contra los narcos ha caído del 85 al 74% desde 2009, mientras que el 39% cree que las bandas están ganando la guerra. Un 80% percibe que la inseguridad ha aumentado en el último año y el 72% considera que es peligroso colaborar con la policía.

A pesar de que en Ciudad Juárez (1,3 millones de habitantes) están desplegados 10.000 soldados, en los primeros cuatro meses del año se han registrado 500 asesinatos (más de 2.600 en 2009). Apenas 37 de esos homicidios han originado procesos judiciales. Miles de comercios se han cerrado y se dice que unas 200.000 personas han abandonado la ciudad.
México tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina (11 por cada 100.000 habitantes), pero en Ciudad Juárez la cifra es de 175 por 100.000, cuatro veces mayor que la de Bagdad.

La inseguridad es tan alta en México, y queda reflejada en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, un ex candidato presidencial del partido gobernante, que negocios como el blindaje de automóviles, los seguros, los chalecos antibalas y el suministro de guardias privados y guardaespaldas absorben entre el 1 y el 3% de los presupuestos de las empresas. En 2006 esa cifra era del 0,5%.

La extensión de esa violencia a Estados Unidos explica en parte la aprobación por Arizona de una ley que criminaliza la inmigración ilegal y que permitirá a la policía local detener a personas de las que se tenga una "sospecha razonable" de estar residiendo ilegalmente en el país, un eufemismo para referirse a individuos de aspecto hispano.

La histeria contra la inmigración no parece estar justificada por las cifras. El número de inmigrantes capturados cruzando ilegalmente la frontera ha caído de 1,6 millones en 2000 a menos de 600.000 el año pasado, un 60% menos. Aunque en Arizona esa cifra también ha caído –de 700.000 a 300.000 entre 2000 y 2008–, por ese Estado ingresa hoy el 50% de los indocumentados, muy por encima de California y Texas, que han erigido muros y reforzado sus barreras fronterizas, lo que ha empujado los flujos al desierto de Sonora, colindante con Arizona.

Estados Unidos es el primer consumidor de las drogas que trafican los cárteles mexicanos que, a su vez, tienen a sus mayores proveedores de armas en las armerías que abundan a lo largo de la frontera, desde California a Texas.
Entre los diversos factores que se han combinado para hacer posible la aprobación de la ley –una mayoría conservadora en el Congreso estatal, una gobernadora republicana y el malestar con la incapacidad del Gobierno para controlar la frontera–, ninguno parece haber sido tan decisivo como la creciente inquietud por la delincuencia. Según el FBI, los cárteles mexicanos actúan hoy en 195 ciudades de Estados Unidos.

El año pasado agentes federales confiscaron 540.000 kilos de marihuana en Arizona, una media de una tonelada y media diarias. La incautación de marihuana es tan común que los fiscales de Arizona rara vez encausan a alguien al que se le hallan menos de 225 kilos. En Phoenix, la capital del Estado, en los últimos dos años los secuestros se han hecho frecuentes. Algunos de ellos terminaron con torturas y asesinatos.

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