Estalla la "II guerra mundial" del tabaco

La ministra de Sanidad pretende prohibir fumar en todos los espacioscerrados, mientras Nueva York quiere extender el veto a parques y playas.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, defendió ayer su intención de extender la prohibición de fumar a todos los espacios públicos cerrados del territorio español, una medida que cuenta con el apoyo de las asociaciones de médicos y de consumidores pero con el rechazo frontal de los fumadores y hosteleros, que amenazan con ponerse en pie de guerra. Esgrimen estos últimos como argumentos la pérdida económica que les supondría expulsar a los adictos a la nicotina de sus locales y los cuantiosos gastos que han tenido que afrontar recientemente para aislar en sus establecimientos las zonas libres de humos para adecuarlos a la actual ley antitabaco, aprobada hace tan sólo tres años. Jiménez trató ayer de aplacar sus iras reivindicando el endurecimiento de la ley como una medida de «salud pública» que sitúa a España «en la vanguardia europea» y que «no va a perjudicar a nadie», sino que «más bien va a beneficiar al conjunto de la población». Ayer mismo, la ciudad de Nueva York avanzaba en este mismo camino al anunciar una ley que prohibirá fumar en parques y playas.

La ministra de Sanidad insistió en que «no ha habido improvisación alguna» al plantear la ampliación de la ley del tabaco. Por el contrario, dijo, se ha querido hacer una normativa homologable al resto de países del entorno y dar «un paso adelante» para que la ley sea eficaz en todos sus términos y cumpla el objetivo de proteger la salud pública. Jiménez recordó que el tabaquismo causa cada año la muerte a más de 55.000 personas y produce muchas enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y su obligación como ministra de proteger la salud de los ciudadanos. A su juicio, ya que la ley anterior produjo un efecto beneficioso en tanto que contribuyó a que más de un millón de personas dejaran de fumar, el paso más consecuente en este momento es avanzar en el mismo camino.

Sobre la inversión que hicieron en su día los empresarios para acondicionar sus locales, aseguró disponer de un estudio «exhaustivo» que evidencia que ese gasto fue «absolutamente insignificante», pues la mayoría optó por dejar fumar en el local o por poner una mampara divisoria. A su juicio, «no es serio» que se haga ese planteamiento económico, que es «absolutamente irrelevante» frente a una cuestión de salud pública. Salgado manifestó que «no va a haber pérdidas para nadie», porque los clientes seguirán frecuentando bares y restaurantes y «no va a ocurrir nada». «¿Alguien se cree que la gente va a dejar de acudir a los locales de ocio y a los restaurantes porque estén libres de humo?», se preguntó. En su opinión, el efecto del veto total al tabaco será el contrario, pues «podrá ir a los bares la gente a la que antes el humo se lo impedía, igual que los turistas, a los que llama la atención que se deje fumar en lugares cerrados».

En apoyo de la medida, insistió en que la «inmensa mayoría de países» de nuestro entorno han adoptado esta decisión y no se ha producido «ningún efecto económico reseñable». «No se trata de una medida restrictiva -puntualizó- porque cada uno es muy libre de fumar, sino de salud pública».

Consumidores, a favor

Diversas asociaciones de consumidores aplaudieron ayer la decisión anunciada por la ministra de endurecer la ley antitabaco, ya que, a su juicio, la actual normativa se «ha quedado bastante corta» al permitir fumar en algunos establecimientos. Hubo matices, sin embargo, en este apoyo. Mientras el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, pidió al Gobierno que «no agote el final de la legislatura» para sacar adelante la nueva ley y que se «refuercen» las inspecciones en bares y restaurante para asegurar que se cumple, la Confederación de Consumidores y Usuarios matizaba que «debería tomarse en cuenta otras medidas» antes de prohibir fumar en todos los bares. Su presidente, Fernando Móner, señaló que algunos establecimientos han realizado «importantísimas» inversiones para adaptar sus locales a la actual ley antitabaco y afirmó que la nueva normativa «debería ir no tanto a prohibir, sino a convencer y a educar», ya que los jóvenes a los que se les prohíba fumar en un bar «podrán seguir haciéndolo en un "botellón" en un parque».

El secretario general de la Unión de Consumidores de España, Juan Moreno, indicó que es «un derecho» de los clientes de los bares respirar un aire limpio, pero también de sus trabajadores, que dependiendo de la opción elegida por el dueño inhalan o no humo de tabaco.

Al mar a fumar

Todos los contendientes van tomando posiciones en esta nueva guerra del tabaco. También lo hizo ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, al comentar que, «al final, el que fume se va a tener que ir al Océano Atlántico». Rajoy apostó por el «equilibrio», puesto que la normativa actual relativa al tabaco, señaló, es «sensata y razonable». «Algunos sectores de restaurantes, bares y cafeterías ya han pedido un poco de equilibrio y sentido común», declaró a RNE, porque «tampoco se trata de que el que fume se tenga que ir al Océano Atlántico».

Tras recomendar que no se fume, a pesar de que él lo haga, Rajoy apostó por la «libertad» de las personas para hacerlo, y se mostró de acuerdo en que «haya un sitio donde se pueda fumar y otro donde esté prohibido y que cada uno elija libremente» el que quiera.